La demanda había sido interpuesta
por el Centro de Corredores Inmobiliarios y por el Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios, quienes solicitaban la declaración de inconstitucionalidad de la
Ley N° 5.859, sancionada el año pasado por la Legislatura porteña.
Los puntos de la norma que generaron
mayor rechazo entre las inmobiliarias fueron, principalmente, la prohibición de
cobro de comisiones a los inquilinos, y establecer un tope de 4,15% del valor
del inmueble, porcentaje que deberá afrontarlo el propietario. Por otra parte,
la ley plantea que sean gratuitos los informes de dominio necesarios para la
realización de los contratos de locación.
La idea de la norma fue reducir los
costos que afrontaban los inquilinos a la hora de firmar un contrato. Entre la
comisión, los meses de depósito y adelanto, los certificados de firmas y otros
trámites, el monto de ingreso podía entonces equivaler hasta cinco meses de
alquiler.
Fuente: Minutouno.com
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