La Cámara de la Ciudad revocó el fallo de Primera Instancia y reconoce
la ilegitimidad de la Ley 5859, por lo que cambian otra vez las
condiciones
La disputada situación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registró este miércoles un nuevo y polémico episodio: la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5859.
En la práctica la norma limitó ilegítimamente el derecho de los
profesionales inmobiliarios a cobrar la remuneración correspondiente por
los servicios que legal y legítimamente brindan a los inquilinos.
La
decisión se dio en base a los amparos presentados por el Centro de
Corredores Inmobiliarios (CECIN), la Corporación de Rematadores y
Corredores Inmobiliarios (CRCI) y 75 Corredores Inmobiliarios
matriculados, y revoca la arbitraria sentencia emitida por el Juez de
Primera Instancia, Dr. Lisandro Fastman, en agosto de 2018.
"Hoy es un día histórico para nuestra profesión", expresó Armando
Pepe, Presidente de CUCICBA, "Gracias al esfuerzo y compromiso de
nuestras instituciones y de todos los profesionales matriculados
logramos que la Justicia reconozca que la verdad y el Derecho nos
asisten frente a la ilegítima Ley 5859", agregó.
En su fallo,
la Cámara expresa con claridad que el Código Civil y Comercial de la
Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de "comitente" y, por
tanto, le corresponde el pago de honorarios al Corredor que interviene en la operación.
Asimismo, la Cámara rescata que las partes ya poseen facultades para convenir el monto de una comisión de corretaje, con lo cual la legislatura porteña no tiene facultades para modificar en contrario cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, detalla Reporte Inmobiliario.
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