Conferencia sobre "Cancelaciones de vuelos durante la pandemia"

 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba junto a la Asociación ADCOIN - Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino te invitan a participar de la charla informativa sobre qué hacer con los tickets aéreos comprados durante la pandemia COVID-19.

🗓️ Martes 20 de octubre
🕖 19:00hs.
💻 Por Zoom

Inscripciones aquí 👉🏼🔗 https://forms.gle/75KhMyj5coe8BUsa7

ADCOIN expone en la Comisión de Derecho del Consumidor de la Cámara de Diputados, sobre los proyectos de modificación de la ley de defensa del consumidor

 

1. Desde un punto de vista metodológico, consideramos que todos los aportes deberían realizarse sobre el Código unificado, que podría pasar a llamarse del “Código Civil, Comercial y del Consumidor”. Eso sería lo razonable para evitar dos leyes que regulen lo mismo, y  para propiciar que se haga de modo integrado y armónico. Además es la forma de combatir la hipertrofia legislativa que sin dudas nos perjudica a consumidores y proveedores y crea gran inseguridad jurídica.

Todo aquello que no pueda incorporarse modificando los artículos pertinentes del Código (mayormente en el libro tercero), podría ser agregado como un séptimo libro.

2. Es fundamental que se regulen las acciones colectivas de manera urgente. Si bien podríamos hacer aportes, consideramos que los proyectos ofrecen puntos de partida más que aceptables, porque necesitamos manejarnos en el tema con leyes, y no con acordadas o criterios judiciales.

3. Principios como el del acceso al consumo van a contrapelo de una realidad en la que los consumidores no podemos comprar dólares de forma legal, por la cantidad de restricciones existentes  y eso nos hace un llamado a la atención de hasta qué punto algunos de los postulados tan interesantes que tienen estos proyectos, como la figura de los consumidores hipervulnerables o la del sobreendeudamiento del consumidor no superan las expectativas que podemos tener hoy en día respecto de las soluciones que pasan por lo legislativo y no por una realidad económica  de crisis permanente.

3. Debería incorporarse la obligación para los proveedores de constituir un correo electrónico donde sean válidas las notificaciones (aclaramos que uno de los proyectos establece esa posibilidad, pero después del primer comparendo que es justamente el que en la mayoría de los casos no sucede). Se avanzó con la ley de alquileres (art. 75 del Código Civil y Comercial modificado a instancias de ADCOIN), pero seguimos a mitad de camino. Por ejemplo a Mercado Libre no hay ninguna vía de contactarlo que no sea remitiendo una carta documetno. Los Bancos mandan un mail, pero si el consumidor responde, llega la contestación automática de que en esa casilla no se puede responder. Esto al menos para las entidades que trabajamos con el prejudicial es indispensable y no tolera un día más. Y se agravó con la pandemia.

4. Los montos económicos correspondientes a multas de la autoridad de aplicación y/o parte de las sanciones punitivas judiciales, deberían ser destinadas a sostener a las asociaciones de consumidores que hacemos un trabajo fundamental. Además las asociaciones deberíamos poder participar de la gestión de dichos fondos.

5. Debería agravarse la responsabilidad de los Bancos respecto de la protección de las cuentas virtuales de los consumidores. No se pueden lavar las manos diciendo que los consumidores fueron estafados. Esto debe estar expresamente contemplado en una nueva ley de defensa del consumidor.

6. Debe resolverse y especificarse que las PyMes pueden ser consumidoras. Tenemos el fallo Consumidores Financieros c/ Banco de Córdoba que definiría esta cuestión, necesitamos que ese criterio sea ley clara y concreta.

7. Necesitamos dos registros de manera urgente: Un registro unificado de daño punitivo y un registro unificado de acciones colectivas. De lo contrario vamos a seguir en el caos actual. No se termina de afirmas ninguna jurisprudencia respecto de los montos por daños punitivos, y nunca se sabe si una acción colectiva fue iniciada en una u otra jurisdicción. Esto de alguna manera está perfilado con el registro de infractores, pero consideramos que debería ser más específico en la obligación de registrar todos los montos por daño punitivo (y con un criterio de actualización contra inflación), y que esos montos sean fuente de cuantificación para futuras infracciones.

8. Deben resolverse algunas cuestiones precisas respecto de las distintas situaciones en las que no se puede seguir discutiendo judicialmente si se consideran o no relación de consumo. En el caso de las relaciones locativas, tenemos las conclusiones del Congreso de Derecho del Consumidor que bien podrían aplicarse para conceptuar al locador como proveedor y al inquilino como consumidor. Y evitar seguir con las eternas discusiones en el marco de procesos judiciales con criterios sumamente diversos incluso entre las fiscalías.

9. Debería unificarse el criterio de la prescripción, regulándose exclusivamente por el Código Civil y Comercial, ya que seguimos con interpretaciones diversas acerca de si son cinco asños, tres años e incluso otros plazos especiales. Esto afecta gravemente a la seguridad jurídica.

10. Con estos aportes y agregados, consideramos que ambos proyectos (JxC 3143-D-2020 o FDT 5156-D-2020) podrían resolver algunas cuestiones de índole práctico para los consumidores y especialmente para los  operadores jurídicos, y por la tanto tendrían una importante repercusión en la eficacia de la protección de los derechos de los consumidores.

RE/MAX es ILEGAL

Definen que la red inmobiliaria Remax es ilícita y ordenan su disolución

La Inspección General de Justicia determinó que la c

ompra, venta y alquiler de propiedades a través de franquicias es una actividad ilegal. Hizo lugar a un reclamo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.

La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió que la red de franquicias inmobiliarias Re/Max es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa.

 

A través de una resolución particular que firmó este martes su titular, Ricardo Nissen, el organismo, que regula la actividad de las sociedades comerciales en el país, decidió que es "ilícito" que las inmobiliarias operen bajo régimen de franquicias. Así, hizo lugar a una denuncia que el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires habían iniciado contra Remax Argentina S.R.L., la empresa que tiene el uso de la marca estadounidense Re/Max en el mercado local.

Remax Argentina no podrá continuar operando en el país y, en consecuencia, deberá iniciar su proceso judicial de disolución y liquidación.

En la resolución, de 23 páginas, entre otros argumentos, la IGJ alegó que Remax Argentina S.R.L. se constituyó por parte de Sebastián Sosa y su esposa, Dorothy Peñate, para tener la franquicia principal de Re/Max International y, a partir de allí, subfranquiciarla a agentes y corredores inmobiliarios.

En consecuencia, la IGJ entiende que la entidad estadounidense "ejerce indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los numeros subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca 'Remax'".

"La exteriorización de la marca 'Remax' por parte de esas subfranquiciadas", agregó, "genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa".

Además, destaca que Sosa y su mujer no son agentes inmobiliarios, ni el objeto de Remax Argentina S.R.L. es ejercer esa actividad.

"La Ley 20.266, reformada por la Ley 25.028, establece para el ejercicio de las actividades de remate o corretaje en la República Argentina, entre otras exigencias, como condición habilitante de la inscripción en una matrícula especial en la jurisdicción correspondiente, la de que las personas humanas que se propongan realizar tales actividades cuenten con un título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes", amplió.

“Siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario, y que éstas últimas no pueden ser franquiciadas”, expresó Pepe, sobre la resolución.

Cucicba es la entidad que agrupa a los profesionales inmobiliarios que operan en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene más de 7000 colegiados.

La red local de Re/Max, por su parte, tiene más de 150 oficinas, en 42 ciudades del país, consigna la resolución de la IGJ.

Cautelar contra Banco Provincia de Buenos Aires por crédito no solicitado

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL REGISTRO N° "M. H. G. C/ BANCO P. B. A S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)".

Expte. n° . 25384 La Plata, 29 de Julio de 2020.

AUTOS Y VISTOS: Proveyendo a la presentación electrónica de fs. 4: Por devueltos de la Sra. Agente Fiscal, tiénese a la misma por presentada en el carácter invocado de conformidad con lo establecido por los arts. 52 de la ley 24.240, 27 de la ley 13.133 y 29 inc. 4° de la ley 14.442. Tiénese presente lo dictaminado en el escrito en vista y háceselo saber a sus efectos. Consecuentemente, señálase que éstas actuaciones que se encuentran en estado de resolver y de las que; RESULTA: Que a fs. 1 se presenta el actor H. G. M. con el patrocinio letrado del Dr. M. D. F. e interpone demanda de medida cautelar de no innovar, contra el B. P. de B. A. (sucursal …..), requiriendo en el punto I OBJETO, que se ordene la inmediata suspensión en la afectación de su cuenta sueldo de cuotas correspondientes a “Préstamo Personal”, ello hasta el resultado de la acción penal que se encuentra tramitando en sede penal en IPP. . . .que tramita ante la UFI N° 9, Juzgado de Garantías N° 1, caratulada “ESTAFA – Art.172 C.P-. Ello así, toda vez que manifiesta haber sido estafado a través de una secuencia o acción llevada a cabo vía telefónica por autor que a la fecha se desconoce su paradero, pero que conforme la investigación en curso podría identificarse. Relata asimismo que, habiendo obtenido los datos necesarios, se ha solicitado con ellos un préstamo bancario mediante la modalidad “Home Banking” y no ha sido con el consentimiento del titular de la cuenta aquí actor, para luego esos mismos fondos ser transferidos a cuentas particulares, conforme datos y hechos detallados y surgente de la documental adjunta en PDF. Que por fs. 2 se da intervención al Ministerio Público Fiscal por los fundamentos allí brindados, quién asume por fs. 4 dictaminando en sentido favorable en relación a la medida cautelar requerida y; CONSIDERANDO: PRIMERO) Que en los procesos cautelares, como el que anida en la pretensión descripta en las Resultas, es factible solicitar el anticipo juridiccional de no innovar cuando medien o se encuentren acreditados -prima facie- los presupuestos de procedencia de la misma, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, ello en razón que el juicio de verosimilitud debe carecer de repercusión en lo que hace a la sentencia final, la que se dictará una vez investigado el fondo y previo ejercicio del debido derecho de defensa en juicio (arts. 16, 18 y concs. de la Const. Nac.), aditándose que estas requieren como presupuesto a) la existencia de un derecho que debe ser acreditado prima facie, b) un interés jurídico que justifique el anticipo de la garantía jurisdiccional, o sea, peligro en la demora, y c) el otorgamiento de una contracautela que asegure a la contraparte el resarcimiento que pudiere ocasionar la medida para el supuesto que se hubiere pedido sin derecho (Podetti, " Tratado de las Medidas Cautelares", p. 51, Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos..."), al respecto y teniendo presente la lamentable situación en la que nos encontramos inmersos como sociedad en virtud de la pandemia declarada por la O.M.S., que conllevó el ASPO - aislamiento social preventivo y obligatorio- decretado por el P.E.N. por Dec. 297/2020 prorrogado hasta el 02 de Agosto de 2020 inclusive por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decs. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020 y 605/2020; la realidad económica agravada, por la situación descripta en el escrito introductorio de litis y que el peticionante de la cautelar recibe un ATP, (PDF relativa a los extractos de la cuenta bancaria) el que se otorga teniendo en cuenta el diferente grado de vulnerabilidad de los trabajadores formales cubriendo el 100% a quienes ganan menos de un salario minino vital y móvil, en los términos del Decreto 332/2020, dictado en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 1°, 2° y 58 de la Ley N° 27.541 y el artículo 99 incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional (https://www.argentina.gob.ar/atp/empresas/en-que-consiste-el-beneficio#) y los múltiples informes de entidades oficiales, locales e internacionales, que dan cuenta de ello. Sólo a modo de referencia puede citarse el muy completo análisis que las Naciones Unidas (ONU) elaboró para nuestro país, donde básicamente dice que "...La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los recursos naturales...". La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente...". En especial los consumidores o usuarios, los que resultan ser sujetos pasibles de aprovechamientos y/o estafas como la denunciada en autos, situación ésta que resulta de público y notorio en la realidad diaria y cotidiana, con dicho piso en el estrecho marco cautelar en despacho y con criterio de buena fe es posible adoptar coherente y razonablemente (arts. 1, 2, 3 Código Civil y Comercial) la medida cautelar, ya que es preferible el exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, pues con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo, claro que ello con un límite temporal en el que se analizara su prorroga de conformidad al grado de avance de los autos que tramitan ante el fuero penal descripto en las Resultas y/o la acción civil que promueva y su carácter provisorio (art. 202 CPCC), ello se motiva en que la vigencia de la medida cautelar no puede quedar librada al hiato temporal del proceso cognitivo, cuya excesiva prolongación puede convertirla en los hechos en definitiva. Es en este campo, precisamente, donde las medidas cautelares deberían ser cuidadosamente limitadas en el tiempo, mediante plazos razonables, adecuados a las características particulares de cada supuesto, atendiendo en especial al gravamen que la medida pueda causar a su sujeto pasivo, a la naturaleza del proceso o acción en que se la impetra, al alcance de la prolongación excesiva del proceso en comparación con la pretensión de fondo (CSJN Fallos 327:2490, 330:4076). Que la documental adjunta en PDF relativa a los extractos de la cuenta bancaria del peticionante, denuncia penal efectuada, permiten tener por acreditados -prima facie- y conforme los postulados citados precedentemente y lo que infra se dispone, la verosimilitud del derecho invocado. SEGUNDO) La pretensión cautelar, la ubicaríamos en un supuesto de phishing, aunque no refiere a ello el escrito de fs. 1, el que constituye un término informático que denomina a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza (suplantación de identidad de tercero de confianza), para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar (por ejemplo, revelar información confidencial o hacer click en un enlace). Para realizar el engaño, habitualmente hacen uso de la ingeniería social explotando los instintos sociales de la gente, como es de ayudar o ser eficiente. A veces también se hace uso de procedimientos informáticos que aprovechan vulnerabilidades. Habitualmente el objetivo es robar información, pero otras veces es instalar malware, sabotear sistemas, o robar dinero a través de fraudes. Una de las innumerables formas de phishing lo constituye el Vishing, es similar al phishing tradicional pero el engaño se produce a través de una llamada telefónica, prima facie constituiría el supuesto objeto de la exposición de los hechos de la cautelar (fs. 1 pto II y III Objeto y Hechos). Los daños causados por el phishing oscilan entre la pérdida del acceso al correo electrónico a pérdidas económicas sustanciales. Hay varios programas informáticos anti-phishing disponibles. La mayoría de estos programas trabajan identificando contenidos phishing en sitios web y correos electrónicos; algunos software anti-phishing pueden por ejemplo, integrarse con los navegadores web y clientes de correo electrónico como una barra de herramientas que muestra el dominio real del sitio visitado. Los filtros de spam también ayudan a proteger a los usuarios de los phishers, ya que reducen el número de correos electrónicos relacionados con el phishing recibidos por el usuario. Muchas organizaciones han introducido la característica denominada «pregunta secreta», en la que se pregunta información que sólo debe ser conocida por el usuario y la organización. Las páginas de Internet también han añadido herramientas de verificación que permite a los usuarios ver imágenes secretas que los usuarios seleccionan por adelantado; sí estas imágenes no aparecen, entonces el sitio no es legítimo. También han surgido soluciones que utilizan el teléfono móvil (smartphone) como un segundo canal de verificación y autorización de transacciones bancarias (phishing y pharming: nuevas modalidades de estafas on line, por DANIEL MONASTERSKY, CLARA M. COSTAMAGNA, 2005, www.saij.jus.gov.ar, ARTÍCULO INÉDITO, Id SAIJ: DACC050104, CSJN, 11.5.1993, Fernández, Alba O. c/ Ballejo, Julio A. y otra, LA LEY, 1993-E, 472). Es fundamental en este estado de situación, es decir en el marco de la declaración de la pandemia, que los consumidores y usuarios sean objeto de protección por su condición de débiles jurídicos, tutela que debe darse en forma extendida, tanto en lo atinente a la protección de su vida, de su salud, de su dignidad, de sus intereses económicos, información adecuada, educación de sus derechos y del acceso en condiciones continuas a bienes y servicios necesarios para satisfacer sus derechos e intereses (arts. 42 C.N., 38 CPBA. 1, 2, 3, 5, 10 10bis y concds Ley 24240, t.o. Ley 26361, 100 Reglas de Brasilia, Secciones 1, 2, 3 y sigts). En el caso la prestación remota de servicios, enfocado, en la red de cajeros automáticos por la cual presuntivamente se obtuvo por terceras personas un crédito e inmediata transferencia a terceros, lo que refleja la documental de fs. 1, en formato PDF, referidos a los movimientos bancarios (Bieniauskas, Carlos c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires, SENTENCIA 15 de Mayo de 2008, CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Magistrados: Gerardo G. Vassallo - Juan J. Dieuzeide - Pablo D. Heredia, Id SAIJ: FA08971926), prima facie acredita el cumplimiento de los recaudos propios del marco cautelar. En rigor, una de las obligaciones primordiales del Banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que éstos sean brindados, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente. No está de más recordar que los servicios ofrecidos por cualquier Banco inciden directamente sobre el patrimonio del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas (ver clasificación de las operaciones bancarias a Garrigues J., "Curso de Derecho Mercantil", T. IV, página 165). La garantía de inocuidad prevista en el art. 5 de la Ley 24.240 supone la presencia de un producto seguro, que no genere daños en condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles. Por tal razón, el Banco Central de la República Argentina ha establecido y reiterado en su normativa, la imposición a los Bancos de contar con "mecanismos de seguridad informática" que garanticen la confiabilidad de la operatoria (Comunicación A 6878, 3.8.5), como también que en el marco de la emergencia sanitaria la Comunicación A 6942, prorrogada por la Comunicación A 6949 derivo la operatoria del sistema financiero a los canales electrónicos y de cajeros automáticos, principalmente. A efectos de cumplir con el recaudo de contracautela, en razón que el peticionante reviste la condición de consumidor, y la gratuidad establecida por las normas para los reclamos que realizan los consumidores, estimo justo y razonable establecer la caución juratoria que considero rendida con el escrito inicial de demanda (art. 195, 199 CPPC; art. 53 Ley Nacional 24.240).  TERCERO) Atento todo ello y teniendo en cuenta asimismo el dictamen favorable emitido por el Ministerio Público Fiscal de fs. 4, corresponde decretar el anticipo jurisdiccional innovativo requerido inaudita parte, teniéndose por rendida la caución juratoria con la presentación del escrito de inicio, conforme el beneficio de gratuidad otorgado de pleno derecho precedentemente (Art. 53 Ley 24.240), a dichos fines se librará cédula a la accionada B. P. de B. A. C. M., con carácter de urgente y habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 Cód. Procesal), para que en el plazo de CINCO DIAS, haga cesar los descuentos al actor H. G. M. DNI . . . . ., que se efectúen en su cuenta sueldo N° . . . . . . . originados por el préstamo obtenido por la suma de $153.000 el 29/4/2020 origen . . . .. -datos éstos obtenidos del extracto de cuenta adjunto en PDF-, bajo apercibimiento de pasar estos obrados a la Fiscalía en Turno, ante la eventual y posible comisión de delito (arts. 106 y 239 del C. Penal), debiendo la parte demandada desplegar la actividad administrativa que estime corresponder a los efectos de cumplimentar la presente manda. POR TODO ELLO, fundamentos legales y lo normado en los arts 34 inc. 3, 161, 195, 199, 232 y concs. del C.P.C.C.; 1, 2, 5, 52, 53, 65 y concdts. ley 24.240; RESUELVO: I) Hacer lugar a la medida cautelar INNOVATIVA requerida en el escrito en vista, por un término de NOVENTA DIAS CORRIDOS, que se cumplirían el 30 de Octubre de 2020, de consuno al Considerando precedente en el que se analizara su prorroga de conformidad al grado de avance de los autos que tramitan ante el fuero penal descripto en las Resultas y/o la acción civil que promueva. II) En consecuencia, intimar al Banco P. de B. A. C. M., para que en el plazo de CINCO DIAS, haga cesar los descuentos al actor H. G. M. DNI . .. . ., que se efectúen en su cuenta sueldo N° . . . originados por el préstamo obtenido por la suma de $153.000 el 29/4/2020 origen . . . . . -datos éstos obtenidos del extracto de cuenta adjunto en PDF-, bajo apercibimiento de pasar estos obrados a la Fiscalía en Turno, ante la eventual y posible comisión de delito (arts. 106 y 239 del C. Penal), debiendo la parte demandada desplegar la actividad administrativa que estime corresponder a los efectos de cumplimentar la presente manda. III) La cautelar se otorga con carácter provisional y la caución en atención al beneficio de gratuidad otorgado de pleno derecho se considera rendida con la presentación del escrito de inicio (art 53 ley 24.240; 195, 199 CPCC); IV) En el término de diez días de notificado de la presente deberá denunciar en autos la acción principal que promovería a consecuencia de los hechos descriptos en la pretensión cautelar. REGISTRESE. NOTIFIQUESE íntegramente la presente a la parte actora por Secretaría por cédula electrónica en los términos del art. 7 segundo párrafo del Ac.3845/17 SCBA, con carácter urgente y habilitación de días y horas inhábiles, y al B. de la P. de B. A. por cedula, quedando en cabeza de la parte actora la confección de la misma en los términos de la Res. 10/20 SCBA, con carácter urgente y habilitación de días y horas inhábiles a la parte demandada conforme se ordenará supra (arts. 38, 135, 143, 143 bis, 153 del C.P.C.C., texto según ley 14.142; 1° y sgtes, del Reglamento para la notificación por medios electrónicos que constituye el Anexo I del Ac. 3845/17 S.C.B.A.). Déjase constancia que más allá que el escrito en proveimiento fue recibido en el módulo de presentaciones electrónicas y firma digital (Ac. 3886/18 S.C.B.A.), y que el presente proveído es firmado por el Infrascripto digitalmente, corresponde su impresión únicamente a los fines de su registro, por tratarse el presente de un expediente íntegramente digital (arts. 11 y sgtes. Ac. 3975/20 S.C.B.A.). CARLOS JOSÉ CATOGGIO JUEZ Firmado digitalmente art. 5 Ac. 3975/20 S.C.B.A.

Exención IMPUESTO DE SELLOS 2020 en Córdoba (actualización Nueva Ley de alquileres)

EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SELLOS (ACTUALIZACIÓN JULIO 2020)

Debido a las sucesivas consultas sobre este impuesto,  te explicamos y te mostramos como imprimirlo en 4 pasos. Para calcularlo sumá el valor de todos los alquileres (es decir los 36 meses) si el resultado NO SUPERA los $ 700.000,00 estas exento!!!

Ej. Si pagás menos de $ 19.444 entonces no corresponde pagar el impuesto. (Ver decreto de actualización.)

Si excede ese importe corresponde abonar el 1%.

Ingresando a este link podes completar los pasos para imprimir tu impuesto: https://www.rentascordoba.gob.ar/mirentas/rentas.html?page=impuestosellos

-paso 1: lugar de cumplimiento ;

-paso 2: completas los campos vacíos + buscar y van a salir tus datos, (completá el rol de cada uno locador y locatario);

-paso 3: datos del contrato (fecha del acto, fecha de vencimiento) en descripción elegí el ítem locación con opción a compra, completá con el número de cuenta y se va a generar la boleta;

-paso 4: imprimí la boleta, aunque el monto sea $0.00

Fuente: LEY N° 10680 LEY IMPOSITIVA 2020
Artículo 52.- Fijase en Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) el monto del Impuesto de Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo dispuesto por el inciso 52) del artículo 258 del Código Tributario Provincial

Conferencia Nueva Ley de Alquileres

La consignación de llaves y de alquileres en la nueva ley de alquileres

ARTÍCULO 11º.- Sustitúyase el artículo 1222 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

“ARTÍCULO 1222.- Intimación de pago y desalojo de viviendas. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago.

La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tendrá por válida, aún si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo.

Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, la que deberá sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales.

En ningún caso el locador podrá negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste podrá realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. En ningún caso se deberán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo.”.

ARTÍCULO 15º.- Consignación. Si el locador de un inmueble se rehusare a cobrar el canon locativo, según lo dispone el artículo 1208 del Código Civil y Comercial de la Nación, el locatario deberá intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en la notificación, deberá proceder a la consignación judicial del monto adeudado, o mediante cheque cancelatorio, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 25.345, de acuerdo a las modalidades que fijen al efecto las distintas jurisdicciones provinciales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en su caso el Banco Central de la República Argentina, estando los gastos y costas correspondientes a cargo del locador.

En línea con la respuesta jurisprudencial a la problemática: CÁMARA APEL CIV. Y COM 1A (Córdoba) “Va de suyo que -por el objeto acotado de este proceso- la impugnación del depósito judicial sólo puede consistir en la justificación de la negativa a recibir la cosa, oposición que -en virtud del principio de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos- debe cimentarse en la existencia de algún obstáculo que impidiera al locador recuperar inmediatamente la tenencia de la cosa a la fecha en que el locatario pretendió restituirla (por ejemplo, que ella no se encontrara libre de personas o cosas). Cualquier otra causa que el arrendador considere como incumplimiento del contrato no lo autoriza a negarse a recibir la cosa, sino a dejar constancia de la situación fáctica y hacer valer sus derechos en otro proceso. En sentido concordante, se ha expedido la jurisprudencia afirmando que “…si el locatario pretende la devolución de la cosa, aun cuando puedan quedar pendientes conflictos entre las partes respecto del acabado cumplimiento del contrato, el locador no puede negarse a la devolución de la cosa, teniendo solo derecho a dejar constancia de su disconformidad a fin de reclamar por vía independiente sus derechos” (C2CC Cba., “Cooperadora de la Escuela Italo Argentina Dante Alighieri de Intercambio Cultural Argentino Italiano c. Briñón, Ana María”, 06/05/2008, LLC 2008 (agosto), 765).

Otra jurisprudencia en el mismo sentido:
https://www.adcoin.org.ar/2020/07/improcedencia-de-la-negativa-de-la.html