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viernes, 26 de febrero de 2021

Reglamentaron la registración los contratos de locación ante la AFIP

 


Desde la Asociación, informamos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Resolución General N° 4933/2021 reglamentó la obligación establecida en le Ley de Alquileres N° 27.551, Art. N°16 que obliga a los LOCADORES a registrar los contratos de locación.

Si bien la obligación de registrar la actividad ya existía, lo que se crea en este momento es el registro, siguiendo los lineamientos de la Ley de Alquileres.  Establece que, en caso de un conflicto judicial, el JUEZ debe dar aviso al AFIP de la existencia del contrato. De esta manera el Ente podrá tomar conocimiento de la omisión de registración y así imponer la sanción legal establecida por ello. Un inconveniente ante ello se presenta ante el hecho de que al darle intervención a AFIP, por ejemplo en un proceso de por daños y perjuicios, incumplimiento de contrato, etc. El mismo se RETRASARÁ y ello atentara contra la garantía constitucional del Art. 18 CN del debido proceso, así como también violenta la autonomía procesal de cada provincia, vulnerando lo dispuesto por el Art. 31 de la CN.

Desde ADCOIN consideramos que todas las actividades económicas deben estar debidamente registradas, ya que ello mejora la transparencia y competencia de cada actividad. La actividad o el lucro obtenido por una locación no debería ser la excepción. No obstante, el Estado debería generar POLÍTICAS DE INCENTIVO. Dicha situación terminará perjudicando a la parte más débil en la relación locativa, que es el locatario puesto que el primero terminará trasladando su “nuevo costo” al precio del alquiler. Esto hará que los precios sigan en ascenso, como se viene dando desde hace meses.

Las políticas de incentivo podrían ser reducciones en cargas tributarias, a modo de ejemplo, podemos mencionar la exención del impuesto provincial, municipal y el impuesto al sello (que es limitada a un determinado importe), y que beneficia la actividad entre ambas partes.

Otro sector que consideramos se verá muy afectado será el turístico, porque el trasladar las cargas al precio del alquiler generará una disminución de ingresos para muchas personas, siendo uno de los sectores más perjudicados desde que comenzó la pandemia y nuevamente esta situación generará un perjuicio para los turísticas al ver los incrementos en los precios o tener que hacer frente a maniobras evasivas de los empresarios del turismo coartando las clausulas contractuales.

Por ello consideramos que NO ES FAVORABLE la mencionada resolución ya que ello termina incidiendo en el consumidor y usuario final. 

Autor
Verónica Sacchetta

miércoles, 24 de febrero de 2021

ADCOIN reclama a Banco Galicia por impuesto PAIS

¿Hacés publicidad en redes?
 
¿Sabías que la alícuota del impuesto PAIS para estos casos es del 8% y no del %30?
 
Si tu Banco te está cobrando el %30 completá el formulario y dejanos tus datos así gestionamos el reembolso más una justa compensación.

ADCOIN ha recibido reclamos de usuarios del Banco Galicia que pautan publicidad en redes sociales (como Facebook) y se les está cobrando un impuesto por encima del 8% previsto para ese caso. No se aplica el 30% en estos casos.

Si es tu caso te pedimos que completes el siguiente formulario para incluirte en los registros de la acción colectiva.


jueves, 11 de febrero de 2021

¿Podría Instagram o Twitter suspender mi cuenta?


 Como usuarios instalamos y desinstalamos distintas aplicaciones en la vida cotidiana, sin embargo ¿A qué nos sometemos al descargar las aplicaciones?

Éstas nos piden que confirmemos los llamados términos y condiciones, los cuales son cláusulas que establecen los términos de ciertas actividades o pautas que aluden a la situación jurídica de una persona, o a los elementos esenciales que deben estar presente en un acto, los cuales asumimos cuando seleccionamos en “Aceptar”. Incluso en muchos casos la aceptación es tácita, sucede cuando descargamos la app y comenzamos a utilizarla, dónde generalmente pocos son los que leen los términos en profundidad o revisa cuáles son las autorizaciones que le brindamos a dicha app. 

Entonces podríamos decir que los términos y condiciones son “reglas” o normas que los creadores estipulan para sus usuarios. Una vez que empezamos a usarla debemos cumplirlas, ya que de romperlas podemos ser pasibles de una sanción. Dependiendo de lo incumplido va a ser el castigo que se nos va a aplicar; ya sea un llamado de atención, una suspensión, la eliminación de la publicación o la suspensión total del servicio.

Por esta razón es que puede haber un conflicto entre nuestros derechos y las reglas aceptadas, ya que puede peligrar el derecho a la libertad de expresión que tenemos consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado fue ratificado por la Argentina dándole incluso jerarquía constitucional. Es bastante claro reconociendo el derecho a la libertad de expresión, ya sea al buscar, recibir o difundir información e ideas de toda índole, sin importar el medio por el cual se difunde. Además establece que no puede estar sujeto a previa censura, es decir no puede ser prohibido antes de ser difundido, de la misma forma establece lisa y llanamente una prohibición a la restricción de este derecho por el abuso de controles oficiales o particulares del medio que prohíbe la circulación de opiniones no obstante veta todo tipo de propaganda a favor de la guerra y apología al odio.

Habría que preguntarnos si una aplicación de esta índole, como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras podría abusar de las normas que nosotros aceptamos para poder limitar nuestras garantías reconocidas, además si estos términos y condiciones tienen preeminencia por sobre estos tratados.

Entonces ¿Los creadores con estas cláusulas pueden llegar a estar por encima de un pacto internacional con jerarquía constitucional?

De ninguna manera pueden discriminadamente limitar los derechos constitucionales consagrados ya que el bloque constitucional, conformado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional prevalecen por sobre normas particulares como son los términos y condiciones.

Diaz, Facundo Hernán - Voluntario de ADCOIN


miércoles, 6 de enero de 2021

Exención IMPUESTO DE SELLOS 2021 en Córdoba

EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SELLOS (ACTUALIZACIÓN A ENERO 2021)

Debido a las sucesivas consultas sobre este impuesto, te explicamos cómo hacer el cálculo para saber si tenés que pagarlo o no.

Para calcular la base debés sumar el valor de todos los alquileres (es decir los 36 meses si se realizó por el plazo mínimo legal), si el resultado NO SUPERA los $ 1.450.000 estás exento!!!

Si supera la base de cálculo supera ese monto, el impuesto a pagar será del 1% de dicha base.

Ej. Si pagás menos de $ 40.277 de alquiler mensual, entonces no corresponde pagar el impuesto.

Normalmente este impuesto lo paga el inquilino, pero puede acordarse otra distribución entre las partes.

Ingresando a este link podes completar los pasos para imprimir tu impuesto: https://www.rentascordoba.gob.ar/mirentas/rentas.html?page=impuestosellos


-paso 1: lugar de cumplimiento ;
-paso 2: completas los campos vacíos + buscar y van a salir tus datos, (completá el rol de cada uno locador y locatario);
-paso 3: datos del contrato (fecha del acto, fecha de vencimiento) en descripción elegí el ítem locación con opción a compra, completá con el número de cuenta y se va a generar la boleta;
-paso 4: imprimí la boleta, aunque el monto sea $0.00

Fuente:

La Ley 10725 en su Artículo 52. indica: - Fíjase en Pesos Catorce Mil Quinientos ($ 14.500,00) el monto del Impuesto de Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo dispuesto por el inciso 52) del artículo 258 del Código Tributario Provincial”

miércoles, 9 de diciembre de 2020

Caso Uber: la Justicia determinó que el servicio es legal y que no constituye servicio público

Se exhortó a la Municipalidad de Córdoba a regular la actividad. Un reconocimiento rotundo a la libertad de elección de usuarios y consumidores.

Hace tiempo que en los pasillos de Tribunales seguimos la suerte de un expediente en el que se debaten cuestiones muy caras a los intereses de los usuarios y consumidores de la ciudad de Córdoba: la acción de amparo promovida por la Municipalidad de Córdoba en contra de Uber, que tramita ante la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba.

El pasado 30 de octubre 2020, la Cámara dictó una resolución cautelar a favor de Uber, en virtud de la cual se determinó que dicho transporte no constituye servicio público, reconociendo su carácter de actividad privada abierta a todos los ciudadanos, y se otorgó a la Municipalidad de Córdoba un plazo de treinta (30) días para suplir la omisión constitucional reglamentaria relativa, que la Justicia determinó que existe respecto de la actividad de transporte contratado a través de la app Uber.

Algunos de los considerandos de la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa van en línea y ratifican antecedentes de múltiples otros tribunales de la Justicia en la Argentina sobre la legalidad de la actividad de ridesharing, y constituyen un avance muy significativo en el reconocimiento del derecho a la elección de los usuarios de servicios de transporte contratados de manera digital[1]. A continuación, nos detendremos en el análisis de algunos párrafos de la resolución.

No es servicio público

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa determinó que el transporte contratado mediante aplicaciones móviles no constituye un servicio público que deba ser prestado bajo la órbita de la administración pública (ya sea directamente por sí misma o indirectamente por medio de concesionarios por ella controlados), reconociendo que se trata de un contrato de naturaleza privada. Dice el fallo:

Que la conceptuación de la actividad que ofrece UBER, sea como servicio público o como actividad privada de interés general, es la clave de bóveda que debe descifrarse en este conflicto.

De admitirse lo primero -servicio público- el desarrollo de la actividad queda imperativamente alcanzada por un régimen preferente de derecho público, cuya configuración es de titularidad estatal, de la que se deriva la exigencia de autorización administrativa para la gestión del servicio. Por el contrario, la calificación jurídica como actividad privada de interés general, desplaza la configuración del contenido del servicio al plano de la iniciativa privada y de las relaciones jurídicas entre particulares, sin perjuicio de la intervención estatal en todo lo que exige la salvaguarda del interés general, concretado, en definitiva, en razones de bienestar general.

(…)

La calificación de la actividad prestada por UBER como “actividad privada de interés general” sujeta a intervención administrativa regulatoria y a autorización previa, no es, en absoluto, una etiqueta que una vez colocada permita cualquier regulación de la misma, ya que en el Estado de Derecho, entran en juego derechos subjetivos -ejercer una actividad lícita- que la calificación de “interés general” limita y sacrifica en favor de otros derechos personales, los inherentes al bienestar general, pero que no alcanza al punto de eliminar o sustraer de contenido esencial a los derechos subjetivos”.

El reconocimiento de la naturaleza privada de la actividad es una cuestión fundamental, de la cual se desprenden múltiples efectos prácticos en la intensidad regulatoria del Estado sobre la actividad. De esto nos ocuparemos más abajo.

Ya la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una pluralidad de sentencias firmes, ha resuelto que el servicio de transporte contratado a través de la aplicación Uber constituye un contrato privado amparado por el Código Civil y Comercial de la Nación y por la Constitución Nacional[2].

Se trata de un servicio no reglamentado

Contrariamente a lo sostenido por el municipio amparista, el tribunal dejó en claro que el servicio de transporte contratado mediante la aplicación Uber no se encuentra regulado por la Ordenanza N° 12.859 de la ciudad de Córdoba, que regula el servicio público de taxis y remises. En definitiva, manejar usando la aplicación de Uber no puede ser equiparado a manejar un taxi o remis sin haber obtenido la habilitación correspondiente. Dicho de otro modo, el transporte contratado a través de la app Uber es una actividad totalmente diferente a la que realizan taxis y remises, con lo cual no puede aplicarse a aquellos el mismo régimen reglamentario que a estos.

Los taxis y remises prestan un servicio público, tienen una tarifa estipulada por la autoridad de aplicación, llevan colocado un taxímetro medidor, deben ir pintados de un determinado color, circulan por la calle en búsqueda de pasajeros o esperan estacionados a la espera de que se les asigne un viaje (es decir, no prestan un servicio puerta a puerta), y tienen exclusividad en esos segmentos.

Uber, por el contrario, conecta al pasajero con el transportista, ambos registrados en la app previamente descargada. Esto significa que las partes de la relación están determinadas antes del perfeccionamiento del contrato de transporte. La registración permite especificar el precio sugerido de antemano, conocer las calificaciones del conductor y del pasajero, determinar alguna necesidad especial debido a una discapacidad, poder compartir el estado del viaje con terceros, etc.

Por otra parte, los Uber no deben ir pintados de determinado color, de modo tal que no pueden ser identificados en la calle para que cualquier persona levante la mano y los llame. Tampoco esperan estacionados en un lugar para que cualquier persona llame por teléfono y contrate un viaje. Estas son algunas de las diferencias entre unos (taxis y remises) y otros (los Uber). En resumen: son servicios muy diferentes.

Al margen de que las características diferenciales apuntadas, entre otras, distinguen a los Uber de los taxis y remises, se trata de aspectos que son especialmente valorados por el público a la hora de elegir un servicio sobre otro, y este -el derecho a elegir- es un punto que no puede ser soslayado.

Cuando la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires debió resolver si Uber se encontraba prohibido o no, se analizó precisamente esta cuestión: Uber presta un servicio diferente al de taxis y remises, con lo cual un Uber no puede ser equiparado a un taxi o un remis sin habilitación[3]. En consecuencia, un conductor que presta el servicio de transporte a través de la app Uber no puede ser sancionado por no haber obtenido la autorización o habilitación que exige la autoridad local para conducir taxis y remises, ya que realiza una actividad totalmente diferente a estas.

En similar sentido, el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) de Perú, a través de su sala especializada en Defensa de la Competencia, indicó en una resolución que la actividad económica realizada mediante la plataforma digital Uber no califica como servicio de taxi, sino que consiste en un servicio de intermediación a través del cual se canaliza la solicitud de una persona que requiere un servicio de movilidad, contactándola con potenciales conductores. Por tal motivo, no puede exigirse a los conductores que prestan dicho servicio que acrediten la tenencia del título habilitante que los faculte a prestar el servicio de taxi[4].

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba hizo eco de las diferencias existentes entre los viajes contratados a través de la plataforma digital de Uber y los servicios tradicionales (como taxis y remises) y sostuvo: “(s)e advierte que el legislador municipal, al regular el servicio público de autos con chofer, no ha regulado expresamente hasta el momento la singular actividad de transporte de auto con chofer mediado por plataformas digitales.

Que, en efecto, de la atenta lectura de la Ordenanza N° 12.859, sus modificatorias y su reglamentación, y a la luz de su contenido legal, es razonable entender, como lo hacen la demandada y los terceros en esta acción de amparo, que esa modalidad de prestación de transporte urbano de auto con chofer, no ha sido contemplada expresamente, en todas las posibles modalidades técnicamente posibles.”[5]

En este punto, traemos a colación que la Ordenanza N° 12.859 no regula la actividad de transporte contratado a través de aplicaciones móviles, y que en las sucesivas reformas que se introdujeron a dicha ordenanza, muchas de ellas posteriores a la llegada de Uber a Córdoba, el Concejo Deliberante decidió no regular la cuestión. En consecuencia, mal podría el municipio pretender aplicar en forma directa o analógica la Ordenanza 12.859 al transporte contratado a través de apps.

Si la Municipalidad de Córdoba hubiera querido dictar una reglamentación específica del transporte contratado por aplicaciones móviles y otros medios tecnológicos, podría haberlo hecho, como lo hizo, por ejemplo, la Provincia de Mendoza que dictó la Ley N° 9086. Sin embargo, no lo hizo, de modo que la actividad se rige por las normas prescriptas por el Código Civil y Comercial, que regula el contrato de transporte en su artículo 1280 y concordantes, y la contratación por medios electrónicos en el artículo 1106 y concordantes, y la Ley de Defensa del Consumidor.

Mientras que la Municipalidad de Córdoba no regule expresamente la actividad, quienes ofrezcan transporte a través de la app Uber no podrán ser objeto de mayores exigencias que aquellas emergentes del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor (cfr. art. 19, Constitución Nacional).

No se puede prohibir de facto una actividad lícita

Establecido lo anterior (es decir, que la Ordenanza 12.859 no regula el transporte contratado a través de aplicaciones móviles), la Cámara consideró que existe una omisión legislativa o reglamentaria en la materia debatida en el proceso. Asimismo,  sostuvo la Cámara, el municipio no podría, bajo el amparo de dicha omisión reglamentaria, prohibir u obstaculizar de facto la actividad de los particulares que prestan el servicio de transporte a través de la app Uber, toda vez que se trata de una actividad privada -abierta a todos los ciudadanos- que no se encuentra prohibida y que involucra derechos constitucionales básicos, tales como el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, a elegir, a asociarse con fines útiles, etc.

Dice el fallo:

Que con relación al caso de UBER, como actividad privada o particular de interés general, se presenta de manera visible, en esta fase cautelar, que se constata una omisión de la Administración municipal en su desarrollo normativo.

Tal omisión está plasmada en la ausencia relativa de regulación legal y/o reglamentaria expresa, del régimen de autos con chofer, y que aun cuando se la sometiera a autorización previa, tal omisión relativa viene de hecho a impedir, no ya la posibilidad de obtener la correspondiente autorización administrativa para su gestión indirecta, sino directamente, la de instar la solicitud misma de autorización, lo que comporta, dentro del contexto de la normativa aplicable, la prohibición pura y simple del desarrollo de una actividad lícita, respecto de la cual no concurre prohibición alguna.

(…) en materia de derechos humanos fundamentales, el legislador o la actividad reglamentaria, no puede negarlos por la vía de no regular el ejercicio de la actividad en que consisten, pues no es de su disponibilidad la existencia misma de los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución, aunque pueda modular de distinta manera las condiciones de su ejercicio.”[6]

Interpretamos a los párrafos transcriptos más arriba como un llamado de atención a las autoridades municipales y una advertencia a su tendencia a prohibir -y frustrar- actividades que constituyen legítimas fuentes de ingresos, sin hacer un análisis serio y responsable de las características de la actividad obstaculizada, los intereses en juego, las inversiones arriesgadas, las potenciales fuentes de trabajo perjudicadas, etc.

Por cierto que, a los derechos a trabajar, a ejercer una actividad lícita, a la libertad de elección y a asociarse con fines útiles, la Cámara les reconoce el rango de Derechos Humanos. Dice en tal sentido el fallo que:

Que la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a ejercer actividad o industria lícita, asociarse libremente, a la elección, a trabajar (arts. 14, 14 bis, 41, 42, 75 inc. 22 y cc. C.N.), derechos que, a su vez, suponen el reconocimiento y el respeto al margen de libertad para desarrollar creativamente los medios, razonables y proporcionales para cumplir un fin lícito.”[7]

El fallo contiene una reflexión contundente en relación a los compromisos internacionales de defender Derechos Humanos fundamentales, asumidos por el Estado en diversos tratados, al decir que: 

En la jurisprudencia de la Corte I.D.H. también se practica el control de convencionalidad y se analiza el tratamiento de las omisiones legislativas y/o reglamentarias, cuando se establece que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado (Corte IDH. Caso La Última Tentación de Cristo, sentencia de fondo, 5 de febrero de 2001, párrafo 72). También ha admitido que los Estados parte deben, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención (Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184)

En consonancia con tales decisiones, la Corte I.D.H. en la Opinión Consultiva OC-18/03 del 17/09/2003, sostuvo que “… no basta con que el ordenamiento jurídico interno se adecue al derecho internacional, sino que es menester que los órganos o funcionarios de cualquier poder estatal, sea ejecutivo, legislativo o judicial, ejerzan sus funciones y realicen o emitan sus actos, resoluciones y sentencias de manera efectivamente acorde con el derecho internacional aplicable” (par. 171).

Por otra parte, indica el fallo que la Municipalidad de Córdoba no podría postergar indefinidamente la reglamentación de la actividad, respecto de la cual no existe prohibición alguna, máxime al tratarse de Derechos Humanos fundamentales. Dice la resolución:

Ahora bien, lo que no puede la Administración Municipal, quien tiene la potestad exclusiva de la regulación legislativa y administrativa, es diferir sine die, más allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones objetivas, que justifiquen la demora, la regulación de la implementación operativa de una actividad lícita, como es en este caso la del transporte de auto con chofer mediado por tecnología digital, que afecta directamente al ejercicio de un derecho constitucional, pues la omisión relativa de regulación legal y de su reglamentación administrativa para su implementación operativa comporta, de hecho, como ha ocurrido en este proceso, ya no una regulación limitativa del derecho constitucional, sino el impedimento absoluto de su ejercicio.”[8]

Si un particular quisiera tramitar un permiso para manejar un Uber ante la Municipalidad de Córdoba, no podría hacerlo ya que la autoridad no ha arbitrado las medidas necesarias a tales fines, y esa situación es, para la Cámara, intolerable, ya que conculca Derechos Humanos fundamentales.

La reglamentación deberá ser razonable

Los derechos no son absolutos. Esta máxima, repetida hasta el hartazgo por la doctrina y la jurisprudencia, tiene su origen en la Carta Magna. Dice el artículo 14 de la Constitución Nacional que los derechos allí enumerados se ejercen “conforme las leyes que reglamenten su ejercicio”. Por su parte, el artículo 28 prescribe que: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

El Pacto de San José de Costa Rica establece que “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

Dice el artículo 22 de la Constitución de la Provincia de Córdoba que “Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal.”

En igual sentido, dice el artículo 8 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba: “Los derechos y garantías reconocidos en esta Carta Orgánica son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible su reglamentación.

La facultad de reglamentar los derechos es lo que se conoce como el poder de policía, que es la potestad que tiene el Estado de imponer, por medio de la ley y de conformidad con los principios constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que no puede alterar ni destruir, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, la salud y el bienestar general de los habitantes[9].

El límite de la reglamentación es la razonabilidad. Si una reglamentación es irrazonable, será susceptible de ser impugnada en su constitucionalidad. El fallo alude a esta delicada cuestión, al indicar:

El derecho constitucional a ejercer una actividad lícita, a la libertad de asociarse con fines útiles, a la libertad de elección y al trabajo (arts. 14, 14 bis, 41, 42, 75 inc. 22 y cc. C.N.), como principios generales en nuestro ordenamiento constitucional, no son absolutos, y presentan indudables límites, debiendo armonizarse el ejercicio de la iniciativa privada, con la protección de otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes.

(…) Ese margen de libertad, cuando se trata de una actividad privada de interés general, cualquiera que sea la técnica empleada y el alcance de su organización, admite un margen de intervención administrativa, en la que los límites a los derechos individuales se justifican constitucionalmente en la medida de lo estrictamente necesario para la salvaguarda del bienestar general y la construcción de la cultura por la paz social”.

Los párrafos transcriptos son claros: la reglamentación no podrá ser de una intensidad tal que desnaturalice o desvirtúe los derechos. La reglamentación tampoco puede prohibir o allanar los derechos.

Teniendo en cuenta los parámetros antedichos, la Cámara Contencioso Administrativa ordenó a la Municipalidad de Córdoba que en el plazo de treinta (30) días hábiles judiciales adopte las medidas necesarias para suplir la omisión constitucional reglamentaria comprobada con respecto a los servicios de transporte contratados mediante aplicaciones (cfr. art. 484, C.P.C.C. de la Provincia de Córdoba).

Los derechos de los usuarios y consumidores

Un aspecto fundamental a destacar es que los derechos de los consumidores y usuarios, cuya defensa es la razón de ser de esta asociación, son también aludidos en los considerandos del fallo: en dos oportunidades se menciona a la libertad de elección con su correspondiente artículo en la Carta Magna -art. 42-, reconociendo además la categoría de Derecho Humano de dicho derecho (Considerandos 7.1 y 9.1).

Reza el artículo 42 de la Constitución Nacional que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán (…) a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”.

En la misma línea de razonamiento, dice la Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 67 que “Se reconoce y garantiza la libre iniciativa privada con sanción a los monopolios”.

Por su parte, el artículo 9 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba reza: “Los vecinos, protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la Ciudad, sentido y razón de ser del Municipio, gozan de los siguientes derechos conforme a las Ordenanzas que reglamenten su ejercicio, a saber: (…) 9. A la protección como consumidores o usuarios.” Y el artículo 35 de la Carta Orgánica municipal establece que “El Municipio protege los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en relación a su salud, su seguridad y sus intereses económicos. Promueve una información adecuada y veraz, la educación para el consumo, la participación de asociaciones de consumidores y usuarios, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno”.

Los usuarios de la ciudad de Córdoba piden a gritos alternativas de transporte individual y el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa ha escuchado este clamor.

Un mercado competitivo y diversificado, en el que los usuarios y consumidores puedan optar entre productos y servicios de diversa calidad y precio, es condición necesaria para que pueda ejercerse la libertad de elección. La misma Carta Orgánica municipal compromete a la Municipalidad de Córdoba en la protección de estos derechos fundamentales (arts. 9, inc. 9, y 35).

Garantizar estos derechos es más necesario que nunca en el actual contexto de emergencia sanitaria que atravesamos, toda vez que la aplicación Uber cuenta con dos servicios, Uber Medics y Uber Essential, que permiten trasladar al personal esencial de una manera salubre, evitando el congestionamiento del servicio de transporte público de pasajeros, que es el principal foco de contagio del virus.

Creemos que este fallo ha atendido las necesidades de los usuarios del servicio de transporte de la ciudad de Córdoba, reconociendo un derecho postergado hace décadas: la libertad de elegir, de contar con alternativas, de no ser cautivos de servicios monopólicos, que por cierto son onerosos, deficientes e insalubres.

El bloqueo de plataformas

Hace unos meses nos pronunciamos sobre el bloqueo de Uber, y afirmamos que dicho bloqueo había quedado virtualmente revocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”)[10].

En dicha oportunidad, destacamos que la Resolución 1/2020 de la CIDH, emitida el 10 de abril, les exige a los Estados, en su punto 31, “respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet”, como parte de diversos estándares que los Estados deben cumplir durante la pandemia. En dicha oportunidad, destacamos, además, que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Córdoba había reconocido en la causa “Sergio Orlando s/ prisión domiciliaria - Recurso de Casación" que la Resolución 1/2020 de la CIDH debe ser aplicada por la justicia cordobesa.

Bloquear cualquier tipo de plataforma, ya sea de movilidad colaborativa como Uber, de publicación de contenidos como Facebook, o de anuncios de turismo como Airbnb, particularmente durante la pandemia, está prohibido ya que afecta el acceso a la información en Internet y la neutralidad de la red.

El fallo dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, además de contener los contundentes argumentos desarrollados más arriba, dejó sin efecto el bloqueo de la aplicación que había ordenado en septiembre de 2019, reconociendo la legalidad de Uber y ordenando al municipio que regule la actividad.

Conclusiones

El artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de reserva de ley, indica que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Dicho en otras palabras: todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

Claramente, el fallo que aquí comentamos ha protegido esta garantía constitucional fundamental, echando por tierra la postura del municipio cordobés, para quien existe una suerte de principio general prohibitivo según el cual todo transporte requiere autorización previa, de modo que, siempre para el municipio, si una modalidad de transporte no está reglamentada -y, por ende, no se establecieron los procedimientos para obtener la autorización correspondiente-, sencillamente se encuentra prohibida. Un disparate jurídico total.

La Cámara Contencioso Administrativa reconoció que los usuarios y consumidores tenemos derecho a contar con alternativas, que tenemos derecho a elegir. Tan importante como la existencia de alternativas es que el Estado proteja a los ciudadanos de los monopolios. La libertad de elección presupone el control de esos monopolios.

Era hora que la justicia reconociera alternativas de transporte, diferentes a aquellas prestadas bajo la órbita estatal. La iniciativa privada tiene un incentivo muy claro para prestar servicios de calidad, eficientes y económicos en beneficio de toda la sociedad: el respeto y resguardo de los intereses de los usuarios y consumidores.



[1] (i) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7, sentencia del 28/11/2018, “Bellini Marco, Alfredo sobre 6.1.49 bis - Prestación de servicio público de taxis sin habilitación” (CAU 27617/2018); (ii) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, 27/11/2018, “Corrales, Jonathan Facundo sobre 6.1.4 - Categoría de licencia para conducir” (CAU 26217/2018-0); (iii) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7, 28/11/2018, “Gimeno, Jacinto Aníbal sobre 6.1.53 - Estacionamiento medido” (CAU 25862/2018); (iv) Juzgado de 1ra. Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7, 25/06/2019, “Yovino, Augusto sobre 6.1.49 - Requisitos de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros” (CAU 3107/2019-0); (v) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9, 12/03/2020, “Sanz, Norman sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros”, CAU 42612/2019-0; (vi) Tribunal de Gestión Asociada N° 4, Poder Judicial de Mendoza, sentencia del 14/05/2019, “Asociación de Propietarios de Taxi de Mendoza (A.PRO.TA.M.) c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción de Amparo”; (vii) 1ra Cámara en lo Civil de la Primera Circunscripción., sentencia del 28/10/2019, “Asociación de Propietarios de Taxi de Mendoza (A.PRO.TA.M.) C/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción de Amparo 104545572”; (viii) Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala Segunda, sentencia del 23/10/2018, “Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (A.PRO.TA.M.) c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción Inconstitucionalidad 104490301”; (ix) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la C.A.B.A. N° 28, 08/05/20, “Faccio, Marcelo Raúl sobre 6.1.47 – Requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros” (causa N° 2224/2020-0); (x) Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la C.A.B.A. N° 28, 15/05/19, “Gutiérrez Aguilar, Raelzo José sobre 6.1.47 – Requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros” (causa N° 904/2020-0); (xi) CSJN, 14/08/2018, “Recurso de hecho deducido por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal en la causa Uber y otros s/ incidente de recurso extraordinario”; (xii) Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 13, “Kalanik, T. s/entorpecimiento de servicios”, causa 29155/16; (xiii) Cámara de Apelaciones en lo PCyF, Sala III, C.A.B.A., 07/05/19, “Uber y otros sobre 83 - Usar indebidamente el espacio público c/fines lucrativos (no autorizados) (DEB 4790/2016-864)”; (xiv) TSJ C.A.B.A., 18/06/2018, autos “Expte. nº 14483/17 “NN (UBER) s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Incidente de apelación por clausura/bloqueo de página web en todo el país en autos: NN (UBER) y otros s/ infr. art(s). 83, 73 y 74 CC’”; (xv) Juzgado Nacional en lo Penal Económico 8, “Uber Argentina SRL s/infracción ley 24.760 (causa 1838/2016)”; (xvi) TSJ C.A.B.A., 23/09/ 2020, Expte. nº 17480/19 “Uber y otros s/ art. 83, usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art. 86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido’”.

También existen múltiples antecedentes en el derecho comparado. Entre ellos, destacamos los siguientes: (i) Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito, sentencia del 07/10/2016, “Illinois Transportation Trade Association, et al. v. City of Chicago, Dan Burguess, et al.”, disponible en Serebrinsky Diego, en “El caso "Uber" en los Estados Unidos: un fallo ejemplar sobre el derecho de los consumidores a la libertad de elección”, La Ley, AR/DOC/3732/2016; (ii) fallo plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil, 08/05/2019, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 449 Distrito Federal”; (iii) fallo plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil, 09/05/2019, “Recurso Extraordinário 1.054.1110 São Paulo”.

 

[2] Juzgado PCyF N° 7, “Bellini”, cit., Juzgado PCyF N° 7, 27/11/2018, “Corrales”, cit., Juzgado PCyF N° 7, “Gimeno”, cit., Juzgado PCyF N° 7, “Yovino”, cit.

[3] Juzgado PCyF N° 7, “Bellini”, cit.; Juzgado PCyF N° 7, “Corrales”, cit.; Juzgado PCyF N° 7, “Gimeno”, cit.; Juzgado PCyF N° 7, “Yovino”, cit.

Dijo el tribunal en los caso “Bellini”, “Gimeno” y “Corrales”: Corresponde analizar entonces, si la actividad esgrimida corresponde a alguno de los servicios de transporte cuya autorización establece el Gobierno de la Ciudad Autónoma, a saber:

1.- Servicio de Taxi: (...) Atento que el servicio brindado no fue efectuado por auto con habilitación de taxi, y que el mismo no pudiera haberse confundido con dicho tipo de servicio por haberse prestado en auto sin tarifa estipulada por taxímetro -conforme los lineamientos del Gobierno de la Ciudad-, ni estar pintando por los colores amarillo y negro que pudieran generar confusión en relación a que se trataba del mismo, no se encontraba en las calles o avenidas en búsqueda de pasajeros; es que debe despejarse con claridad que el servicio brindado no era el de taxi, por lo cual habrá́ de descartarse el requerimiento de habilitación en dicho aspecto.

2. Servicio de Remis: Este servicio se encuentra definido en el Código de Habilitaciones, en el capítulo 8.4. (...) La diferencia con el servicio de transporte por intermedio de Uber, se desprende en tanto la misma no es ya a persona indeterminada sino determinable, por cuanto sólo podrá́ ser parte de la operación contractual aquel/la usuario/a que haya descargado la aplicación, registrado y cargado sus datos personales en la base de la plataforma de Uber para utilizar el mismo.

Se destaca así́ que en la causa No 11465/2016 caratulada "Quevedo, Cristian Damián s/ Infracción artículo 6.1.52 de la Ley 451", (...) el Fiscal Villalba Diaz refirió́ que "se le imputa tener una licencia de remis vencida pero que por los dichos del presunto infractor no se trató́ de una licencia vencida sino de un vehículo cuya tarjeta de identificación tenía destino remis, pero (...) el mismo encartado explicó y probó que estaba eferciendo una actividad distinta, que se desarrolla por una plataforma Uber (...) la presente imputación fue por una actividad distinta a la que estaba desarrollando y la conducta no se le podrá imputar. Que solo por eso debe ser absuelto (...)". La Jueza interviniente, Dra. Susana Beatriz Parada, en relación al acta de infracción relativa a la licencia de remis vencida, expresó que "en realidad no se ha descripto la acción como dice el inciso b del art. 3 porque no se trataba que el Sr. Quevedo estuviera conduciendo un automotor con una licencia de remis vencida sino mediante la aplicación de otro sistema, el vehículo no funcionaba como remis (...).

Con los extremos expuestos, puede demostrarse así que la actividad descripta por el Sr. [Bellini/Gimeno/Corrales] -actividad de transporte por intermedio de la aplicación Uber- no se encuentra entre aquellas en virtud de la cual se le requiere al servicio de remis habilitación para prestar el servicio, debiendo descartarse entonces la utilización de dicha figura”.

El resaltado y subrayado me pertenecen.

[4] Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 22/10/2020, RESOLUCIÓN 0084-2020/SDC-INDECOPI, EXPEDIENTE 0105-2018/CCD.

[5] El resaltado me pertenece.

[6] El resaltado me pertenece.

[7] El resaltado me pertenece.

[8] El resaltado me pertenece.

[9] Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la ciencia del derecho constitucional", Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, T. IV, p. 154.

[10] Enlace: https://www.adcoin.org.ar/2020/05/la-importancia-de-las-plataformas-de.html

martes, 1 de diciembre de 2020

Reclamo de usuarios contra Aerolíneas Argentinas por vuelos inexistentes

Si fuiste afectado por la empresa Aerolíneas Argentinas por haber desaparecido tu vuelo, te pedimos que completes el siguiente formulario:

https://donaronline.org/accion-y-defensa-del-consumidor-e-inquilino-argentina/reclamo-de-usuarios-afectados-por-aerolineas-argentinas

Verificados los datos te contactaremos de ADCOIN para informarte fecha y hora de la audiencia.

IMPORTANTE: Al completar el formulario te solicitamos una pequeña colaboración para cubrir los gastos administrativos de la citación a audiencia a la empresa. Si no podés realizar esta colaboración te pedimos que registres tu caso en este formulario.


UNITE AL GRUPO EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/3657603267594222



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Publicaciones en medios sobre el tema:

https://www.lanacion.com.ar/economia/vuelos-aerolineas-argentinas-la-empresa-dice-programacion-nid2526871

https://www.cadena3.com/amp/noticia/siempre-juntos/problemas-con-vuelos-vendidos-por-aerolineas-que-no-existen_277223

https://eldoce.tv/el-doce-y-vos/vuelos-fantasma-cordoba-volvia-casa-8-meses-cancelaron-viaje-sin-aviso-aerolineas-argentinas_105911

viernes, 20 de noviembre de 2020

Decreto ley 320/2020 y 766/2020 de prórroga de contratos y suspensión de desalojos

EMERGENCIA PÚBLICA


Decreto 320/2020

DECNU-2020-320-APN-PTE - Alquileres.

Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-19378540-APN-DSGA#SLYT, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, N° 297 del 19 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada.

Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 26 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos de COVID-19 a nivel global llegando a un total de 522.746 personas infectadas, 23.628 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes.

Que, en virtud de la situación epidemiológica y con el fin de proteger la salud pública, obligación indelegable del Estado, se estableció por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la obligación de permanecer en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el día 20 de marzo hasta el día 31 de marzo del año en curso inclusive, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la evolución de la epidemia.

Que también se estableció la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del COVID-19 y, esta situación, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto, sin dudas significará una merma en la situación económica general y también en las economías familiares.

Que nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos. Esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda.

Que la emergencia antes aludida, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país.

Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios, ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una reducción en los mismos, con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda.

Que, en este contexto, se dificulta para gran cantidad de locatarios y locatarias dar cabal cumplimiento a diversas obligaciones de los contratos celebrados, en particular a las cláusulas que se refieren a la obligación de pago del precio de la locación.

Que, ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias, en el marco de esta coyuntura, pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes.

Que, asimismo, la obligación de cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dificulta aún más la posibilidad de buscar y hallar una nueva vivienda.

Que el resguardo jurídico al derecho a la vivienda está amparado por diversas normas contenidas en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, con el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis.

Que, en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11, párrafo primero, que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

Que el decreto de necesidad y urgencia que se dicta es una medida transitoria que se encuentra enmarcada en la emergencia declarada en los decretos mencionados al inicio.

Que las disposiciones del presente decreto tienen como finalidad proteger el interés público, y los medios empleados son justos y razonables como reglamentación de los derechos constitucionales (CSJN, “Avico c. De la Pesa”, Fallos 172:21).

Que, asimismo, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (CSJN Fallos 243:467), con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (CSJN Fallos 238:76). En estos casos, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (CSJN Fallos 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (CSJN Fallos 238:76).

Que las medidas adoptadas por el presente decreto son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social.

Que, en este contexto, se implementan decisiones necesarias y urgentes, de manera temporaria y razonable, con el objeto de contener una grave situación de emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la vivienda.

Que la norma que se dicta establece criterios objetivos para su aplicación.

Que, en el marco de la emergencia aludida, se dispone en el artículo 2°, la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles detallados con claridad en el artículo 9°. También se dispone, en forma temporaria, la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria.

Que, en el artículo 4°, se dispone temporariamente, hasta el 30 de septiembre próximo, el congelamiento del precio de las locaciones respecto de los mismos inmuebles aludidos anteriormente, debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo correspondiente al mes de marzo próximo pasado.

Que en el artículo 6° se establece una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el que resulte de la aplicación del presente decreto, y también un mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.

Que, en el marco de la emergencia, también se contempla la situación de la parte locadora en estado de vulnerabilidad, que necesita del cobro del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario conviviente, extremo que deberá ser probado en debida forma.

Que, en este orden de ideas, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales, se contempla la mediación obligatoria previa al proceso judicial, para las controversias que pudiere suscitar la aplicación del presente decreto.

Que la evolución de la situación epidemiológica y la grave situación social imperante exigen que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- MARCO DE EMERGENCIA: El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, lo dispuesto por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 2°.- SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Suspéndese, en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9° del presente decreto, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere.

Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Hasta el día 30 de septiembre de este año quedan suspendidos los plazos de prescripción en los procesos de ejecución de sentencia respectivos.

ARTÍCULO 3°.- PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrógase, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles individualizados en el artículo 9°, cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo próximo pasado y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere; y para los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes del 30 de septiembre de este año.

La referida prórroga también regirá para los contratos alcanzados por el artículo 1218 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo. El ejercicio de cualquiera de estas opciones deberá notificarse en forma fehaciente a la parte locadora con antelación suficiente que deberá ser, por lo menos, de QUINCE (15) días de anticipación a la fecha de vencimiento pactada, si ello fuere posible.

En todos los casos, la extensión del plazo contractual implicará la prórroga, por el mismo período, de las obligaciones de la parte fiadora.

ARTÍCULO 4°.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Dispónese, hasta el 30 de septiembre del año en curso, el congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación de inmuebles contemplados en el artículo 9°. Durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo del corriente año.

La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato.

Las demás prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la parte locataria se regirán conforme lo acordado por las partes.

ARTÍCULO 5°.- SUBSISTENCIA DE FIANZA: No resultarán de aplicación, hasta el 30 de septiembre del año en curso o hasta que venza la prórroga opcional prevista en el artículo 3° tercer párrafo, el artículo 1225 del Código Civil y Comercial de la Nación ni las causales de extinción previstas en los incisos b) y d) del artículo 1596 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 6°.- DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: La diferencia que resultare entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar por la aplicación del artículo 4°, deberá será abonada por la parte locataria en, al menos TRES (3) cuotas y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contractualmente corresponda al mes de octubre del corriente año, y junto con este. Las restantes cuotas vencerán en el mismo día de los meses consecutivos. Este procedimiento para el pago en cuotas de las diferencias resultantes será de aplicación aun cuando hubiere operado el vencimiento del contrato.

No podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 7°.- DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de septiembre del año en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al menos, TRES (3) cuotas y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contractualmente correspondiere al mes de octubre del corriente año. Podrán aplicarse intereses compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a TREINTA (30) días, que paga el Banco de la Nación Argentina. No podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta la total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo.

Durante el período previsto en el primer párrafo del presente artículo no será de aplicación el inciso c) del artículo 1219 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- BANCARIZACIÓN: La parte locadora, dentro de los VEINTE (20) días de entrada en vigencia del presente decreto, deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada.

ARTÍCULO 9°.- CONTRATOS ALCANZADOS: Las medidas dispuestas en el presente decreto se aplicarán respecto de los siguientes contratos de locación:

1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.

2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares.

3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.

4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

ARTÍCULO 10.- EXCEPCIÓN - VULNERABILIDAD DEL LOCADOR: Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4° del presente decreto los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos.

ARTÍCULO 11.- EXCLUSIÓN: Quedan excluidos del presente decreto los contratos de arrendamiento y aparcería rural contemplados en la Ley Nº 13.246 con las excepciones previstas en el artículo 9° inciso 4, y los contratos de locación temporarios previstos en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 12.- MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Suspéndese por el plazo de UN (1) año, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la aplicación del artículo 6° de la Ley N° 26.589, para los procesos de ejecución y desalojos regulados en este decreto.

Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a establecer la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo, para controversias vinculadas con la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 13.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar los plazos previstos en el presente decreto.

ARTÍCULO 14.- El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 15.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Roberto Carlos Salvarezza - Tristán Bauer - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa

e. 29/03/2020 N° 16159/20 v. 29/03/2020

Fecha de publicación 29/03/2020

 

EMERGENCIA PÚBLICA

Decreto 766/2020

DCTO-2020-766-APN-PTE - Decreto N° 320/2020. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 24/09/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-62730865-APN-DGDYD#MDTYH, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, y su respectiva normativa modificatoria y complementaria y 320 del 29 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en razón de la propagación del virus SARS-CoV-2.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto Nº 297/20 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, plazo que fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 754/20 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre las que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar a esta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento o aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive.

Que la emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social.

Que, en este contexto, se dictó el Decreto Nº 320/20, cuya validez fue declarada a través de la Resolución del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN Nº 33 del 13 de mayo de 2020, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo.

Que la emergencia sanitaria antes aludida, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país.

Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica.

Que la situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia.

Que el contexto sanitario descripto se ha extendido en el tiempo, persistiendo las dificultades que afronta una gran cantidad de locatarios y locatarias y que dieran oportunamente lugar al dictado del Decreto Nº 320/20.

Que, en este sentido, es necesario destacar que el derecho a la vivienda se encuentra amparado por diversas normas contenidas en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, con el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis.

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido la constitucionalidad de leyes que suspenden, en forma temporaria y en un marco de razonabilidad, los efectos de los contratos así como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (CSJN Fallos 243:467), con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (CSJN Fallos 238:76). En estos casos, sostuvo que el Congreso está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes respetando el límite de la razonabilidad y siempre que no se desconozcan las garantías y las restricciones que impone la Constitución; y que no debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (CSJN Fallos 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (CSJN Fallos 238:76).

Que la extensión temporal adoptada por el presente decreto respecto de las medidas oportunamente tomadas mediante el dictado del Decreto N° 320/20, resulta razonable y proporcionada con relación a la amenaza existente, destinada a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia de COVID-19.

Que el objetivo de la presente medida no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda existente en nuestro país, lo cual traería aparejado un mayor deterioro en el tejido social.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 13 del Decreto N° 320 del 29 de marzo de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Prorróganse hasta el 31 de enero de 2021 los plazos previstos en el artículo 2º del Decreto N° 320/20.

ARTÍCULO 2º.- PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de vigencia de los contratos indicado en el primer párrafo del artículo 3° del Decreto Nº 320/20, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero de 2021.

ARTÍCULO 3º.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Prorrógase, en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021, el plazo previsto en el artículo 4º del Decreto N° 320/20.

ARTÍCULO 4º.- SUBSISTENCIA DE FIANZA: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo previsto en el artículo 5º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 5º.- DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: Prorrógase hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 6º.- DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo establecido hasta el día 30 de septiembre de 2020, previsto en el artículo 7º del Decreto N° 320/20.

Asimismo, prorrógase hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 7º del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 7º.- MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Extiéndese por el plazo de SEIS (6) meses, a partir del 30 de marzo de 2021, la suspensión establecida en el artículo 12 del Decreto Nº 320/20.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - María Eugenia Bielsa

e. 25/09/2020 N° 42146/20 v. 25/09/2020

Fecha de publicación 25/09/2020